Arizona no puede prohibir los estudios mexicoestadounidenses
Detalles Publicado el Martes 02 de Enero de 2018, Escrito por Especial

Tucson


El exsuperintendente de Instrucción Pública de Arizona, John Huppenthal, en la corte federal en Tucson el 26 de junio, se encontraba entre los líderes del intento de prohibir los estudios étnicos.


Un juez federal puso el último clavo en el ataúd de la ley respaldada por los republicanos de Arizona que prohíbe las clases de estudios mexicoestadounidenses en las escuelas públicas de Tucson.


La resolución final emitida por el juez principal A. Wallace Tashima después de un juicio de dos semanas el verano pasado culmina una batalla legal de siete años sobre los intentos conservadores de restringir qué libros podrían usarse o cuáles asignaturas impartirse en las escuelas latinas mayoritariamente de Tucson.


Los legisladores conservadores dirigidos por el entonces superintendente de Instrucción Pública, Tom Horne, y el entonces senador estatal John Huppenthal, quien más tarde sucedió a Horne, ridiculizaron el currículo de estudios mexicano-estadounidenses de Tucson como una politización antiestadounidense de las aulas de las escuelas públicas. Para vetar las clases, encabezaron la aprobación de una ley estatal en 2010 que prohibía las clases dirigidas a estudiantes de una etnia específica, que fomentaban la discordia racial o que alentaban el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos.


Sin embargo, en el juicio del miércoles pasado, Tashima escribió que los legisladores conservadores aprobaron las restricciones de los estudios étnicos 'no por un propósito educativo legítimo, sino por un objetivo racial discriminatorio y un propósito políticamente partidista'.


Ningún funcionario puede llevar a cabo ninguna parte de la ley, de acuerdo con el juez. Tashima dictaminó en agosto que la ley viola los derechos de la Primera Enmienda de los estudiantes al restringir la información y la cláusula de igual protección de la 14 Enmienda al apuntar a los latinos.


La sentencia de Tashima también le impone al estado de Arizona la factura de los honorarios legales del demandante. El tribunal aún no ha determinado la cantidad.


La oficina del fiscal general de Arizona no respondió de inmediato una llamada solicitando comentarios sobre si el estado planea apelar el fallo.


Después de siete años, el estado puede solicitar que se levante la orden judicial permanente, independientemente del proceso de apelación.


La junta escolar de Tucson votó en 2012 para abandonar su programa de estudios mexicano-estadounidenses después de que funcionarios de Arizona amenazaron con retener el 10% de los fondos estatales del distrito. Sacaron copias de siete libros utilizados en los cursos cancelados de los salones de clases, alimentando las quejas de los educadores de todo el país de que el estado prohibía los libros.


En medio de la controversia legal, varios de los profesores en el programa salieron de Tucson o dejaron de trabajar para el distrito escolar.


Pero la publicidad generada por la batalla judicial estimuló los esfuerzos en otros estados para crear programas de estudios étnicos modelados o influenciados por las clases de Tucson.

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